Emilio Garrote, en su artículo publicado el 11 de noviembre de 2020 titulado “Los independientes y los candidatos de partidos políticos como Convencionales Constituyentes: ¿participación igualitaria?”, dice: “Claramente los independientes no están en igualdad de condiciones respecto de los candidatos pertenecientes a partidos políticos o aquellos que vayan en lista de partidos” y que no se está cumpliendo el precepto del artículo 18 de la Carta Fundamental vigente sobre el sistema electoral público, que establece: “Una ley orgánica constitucional… regulará la forma en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios… y, garantizará siempre la plena igualdad entre los independientes y los miembros de partidos políticos tanto en la presentación de candidaturas como en su participación en los señalados procesos”.

Entre los argumentos que justifican estos asertos, Garrote omitió decir que recientemente la Cámara de Diputados rechazó que los independientes pudieran pactar con otra lista de independientes o partidos políticos, lo que los deja en una situación desmedrada por la aplicación del método D’Hondt, que reparte los escaños en proporción a la cantidad de votos que haya recibido cada lista mediante la fórmula de la cifra repartidora.

Lo antedicho solo refuerza la validez de la “ley de hierro de la oligarquía”: el poder recae siempre en manos de unos pocos.

Lo cierto es que nunca ha existido en el mundo una verdadera democracia, como ésta suele entenderse; ni siquiera en Atenas, en que solo una muy pequeña parte de los habitantes tenía derecho a voto. La democracia tampoco es, como suele decirse: “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”; puesto que tal definición es contraria al razonamiento lógico, ya que siempre unos son los gobernantes y otros son los gobernados.

Por otra parte, es discutible el concepto de “soberanía popular”: que la soberanía reside en el pueblo y que es éste el encargado de la toma de decisiones a través de sus representantes. Ello, si bien es cierto en teoría no lo es en la práctica, puesto que el poder recae normalmente en los partidos políticos o, mejor dicho, en las cúpulas de ellos; en las oligarquías partidistas, las que tienden a velar por intereses particulares o minoritarios y no por el bien común o el supremo interés general.

Adolfo Paúl

Abogado