En tiempos de debates y discusión constitucional, existe un punto que con el tiempo se ha objetado e incluso, se ha olvidado negligentemente o se ignora conscientemente, dependiendo del punto de vista que tenga cada individuo.

Es que parece sorprendente, analizando desde el punto de vista legislativo e inclusive constitucional, no se haga mayor ahínco a la importancia de colocar mayores requisitos y fortalecer inhabilidades de aquellos que desean o aspiran ser electos por la ciudadanía a cargos de elección popular.

¿Por qué me detengo en este pequeño (gran) detalle? Es que parece que existe mayor diligencia en el sector privado al escoger un futuro trabajador para una empresa y seleccionar al transitar por diversos requisitos y evaluaciones por parte de recursos humanos y jefaturas al solicitar antecedentes, currículums e interminables entrevistas y llamados, para cargos de relevancia ínfima para el impacto público, que para aquellos puestos que significarán a futuro decisiones sobre políticas públicas o definir proyectos comunales o regionales.

En síntesis y para finalizar, parece increíble e inverosímil que solo se solicite cumplir con cierta edad mínima, residencia o haber renunciado a un puesto con un mínimo de tiempo. Parece que dejamos la elección de la primera línea gubernamental y estatal a la votación popular, tal cual como sucede en los ya extintos realitys shows.

Nicolás Correa Norambuena