«La Universidad de Chile no puede dejar de considerarse un servicio público, ya que comparte sus características de estar encargados de satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua, aunque esta función la cumpla descentralizadamente, pues es indiferente que se ejecute por un órgano centralizado o descentralizado”.

“la orden de informar contenida en la resolución impugnada, referida sólo a la indicación nominal de la persona de los actuarios en sumarios administrativos no afinados, no resulta atentatoria en forma alguna contra el ordenamiento jurídico legal constitucional antes descrito, en cuanto incide en información marginal o tangencial cuya entrega resulta jurídicamente inocua e irrelevante en el contexto descrito”.

“las causales de reserva deben ponderar adecuadamente los valores en contraposición, esto es el acceso a la información versus el bien jurídico protegido por cada causal de reserva”.

“las afirmaciones –del Ejercito- de que los antecedentes denegados, en conocimiento de potenciales adversarios, les permitiría diseñar estrategias defensivas u ofensivas que dañen gravemente al país, a sus intereses y a su población, por no estar respaldadas en antecedentes concretos, constituyen sólo apreciaciones personales y subjetivas”.

Un postulante a un cargo público solicitó que el CPLT le ordenara a  la Dirección Nacional del Servicio Civil le proporcionara la información –propia y de otros postulantes-, relativa a los criterios que fundan su calificación final, historia curricular, la descripción de la motivación y el puntaje asignado a cada atributo del perfil correspondiente al […]

La Fundación Futuro interpuso reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, alzándose por esa vía en contra de la resolución que le ordenaba al Ministerio de Justicia revelar información relativa a las memorias, balances y actas de directorio de esa Fundación entre los años 1994 y 2008. El CPLT había acogido el […]

El Consejo para la Transparencia, al acoger el amparo solicitado por el requirente, “ha actuado en un caso y conforme a las atribuciones que la ley le entrega, de resolver conflictos sobre el acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado”.

«La carga informativa configura lo que se ha denominado Transparencia Activa, por oposición al régimen de Transparencia Pasiva constituido por la institucionalidad orgánica y procesal que minuciosamente regula la Ley Nº 20.285…»