Los hechos constitutivos de infracción se vinculan con la ejecución de un proyecto de desarrollo minero sin contar con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y con el incumplimiento de una instrucción de carácter general asociada a la caracterización de las descargas de residuos industriales líquidos (RILes). En cuanto a las medidas provisionales ordenadas, éstas tienen por objeto evitar tanto la afectación de las turberas existentes en el área de desarrollo del proyecto, como la descarga de RILes con alta turbiedad a cursos de agua superficiales.

El máximo Tribunal dejó sin efecto la resolución del Segundo Tribunal Ambiental, que rechazó la reclamación y que dio luz verde al proyecto que se emplaza en la cuenca del humedal Topocalma, declarado sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.

Tres de estos proyectos inmobiliarios contemplarían la ejecución de obras y actividades en áreas colocadas bajo protección oficial como los son el Santuario de la Naturaleza Estero Quitralco, la Zona de Interés Turístico “Provincia de Los Glaciares” y la Zona de Interés Turístico Chelenko.

En total, son 65 medidas que están orientadas a subsanar las 14 infracciones levantadas por esta Superintendencia, principalmente por incumplimiento al monitoreo de avifauna en el área del Salar de Coposa; por no contar con un sistema de monitoreo continuo de caudal en la vertiente de Jachucoposa y por no haber modificado el régimen de explotación hídrica en Coposa norte, a pesar de haberse verificado un descenso de los niveles freático mayores a lo previsto en la evaluación ambiental.

Principales infracciones son por sobre extracción de mineral y construcción de obras en zonas diferentes a las aprobadas ambientalmente, lo cual, en conjunto, produjeron el socavón ubicado a 200 metros por sobre el caserón “Gaby 4”, que es donde se extrae mineral.

Las medidas incluyen la habilitación de centros de rescate de fauna marina, la modelación de la pluma de hidrocarburos y/o aceites, la evaluación de áreas de mayor sensibilidad ambiental del borde costero y la ejecución de monitoreo extraordinario de aves y mamíferos.

En el procedimiento referido al proyecto se formularon 4 cargos: 3 leves y 1 grave, por lo que la empresa arriesga una multa de hasta 8.000 UTA.

Se solicitan 6 medidas urgentes y transitorias, relativas al levantamiento de información que permita caracterizar el riesgo ambiental tras el incidente que comenzó el 30 de julio.

La Oficina Regional de Rancagua realizó mediciones en hogares de denunciantes de la actividad, y constató la superación de 9 y 5 decibeles respecto de la norma de ruido para sectores rurales.

Este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas que evidenciaron que las obras de la inmobiliaria no cuentan con permiso ambiental, lo cual ha generado una alteración en la flora y fauna que habita en este ecosistema, en el que existen especies como el Sapito de cuatro ojos —especie casi amenazada— y el Alerce —especie en peligro.