Se solicitan 6 medidas urgentes y transitorias, relativas al levantamiento de información que permita caracterizar el riesgo ambiental tras el incidente que comenzó el 30 de julio.
La Oficina Regional de Rancagua realizó mediciones en hogares de denunciantes de la actividad, y constató la superación de 9 y 5 decibeles respecto de la norma de ruido para sectores rurales.
Este caso tiene como origen una serie de denuncias ciudadanas que evidenciaron que las obras de la inmobiliaria no cuentan con permiso ambiental, lo cual ha generado una alteración en la flora y fauna que habita en este ecosistema, en el que existen especies como el Sapito de cuatro ojos —especie casi amenazada— y el Alerce —especie en peligro.
Empresa incumplió parte de las medidas comprometidas para volver al cumplimiento ambiental, luego que la SMA formulara 7 cargos, en su mayoría relativos al tratamiento de residuos líquidos y la superación de dicha normativa.
Tras constatarse la existencia de madrigueras activas que pueden corresponder al hábitat de los roedores endémicos Degú (Octodon degu) o Cururo (Spalacopus cyanus), las cuales no fueron consideradas en la evaluación ambiental del proyecto.
La sentencia acoge parcialmente la reclamación presentada por un grupo de personas naturales contra resolución de la SMA que archivó denuncias contra el MOP y concluye que el proyecto Puente Bicentenario se ha ejecutado, a la fecha, sin contar con una resolución de calificación ambiental favorable.
La iniciativa consiste en una primea fase de una Red de Sensores que estarán ubicados en 3 colegios donde se instalarán olfatómetros que permitirán monitorear Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), entre otros, para detectar tempranamente episodios que pongan en riesgo la salud de las comunidades escolares.
El máximo Tribunal ratificó la multa impuesta de 4.176 UTA por la SMA, debido a una infracción grave que fue no rebajar su consumo de agua fresca (subterránea), según su permiso ambiental.
Las medidas apuntan a seguir controlando emisiones atmosféricas, principalmente asociadas a las compañías cuyos procesos con hidrocarburos pueden generar Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en esas comunas. A lo anterior se suma que la reducción de hasta 70% de la actividad deberá cumplirse cuando haya -además- una declaración de la Gestión de Episodios Críticos (GEC) por la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) que rige para las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví.
La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) inició un procedimiento sancionatorio donde se imputan dos cargos, uno grave y uno leve, tras constatar problemas en el sistema de tratamiento de residuos líquidos industriales (RILes).
