Con el inicio de actividades de la Comisión de Expertos, los 24 miembros del órgano alistan los primeros detalles con el objetivo de discutir temas en búsqueda de consensos. De esta manera miembros de diferentes partidos repasarán lo que consideran son temas prioritarios.
En esta ocasión, el experto Domingo Lovera se refirió a lo que considera relevante a la hora de redactar un borrador constitucional. También, señaló cual será el principal rol de la Comisión de expertos en el proceso constituyente. “Yo creo que la Comisión Experta debe tener un rol más bien de bajo perfil, donde los y las integrantes puedan discutir sobre las bases de razones y, ojalá, echar mano lo menos posible a los medios como una forma de manifestar desacuerdos con los debates y diálogos que estemos teniendo en la Comisión”, sostuvo.
Sin considerar las bases institucionales que dieron inicio a este proceso, ¿qué materias de la Constitución vigente mantendría en una nueva propuesta y cuáles considera que son urgentes modificar o incluso derogar?
Hay un par de instituciones que a mí me parece relevante mirar; no sé si para dejarlas en los términos textuales en las que está hoy día, pero sí para considerar su mantención al menos en sus grandes trazos. Una de ellas es el Banco Central, y me parece que respecto a su mantención hay bastante acuerdo respecto al rol que cumple, respecto a las funciones que desempeña, respecto a la forma en que se configura. Creo que es una institución que debiese pervivir más o menos en los mismos términos. Y creo también que sería interesante mantener las acciones de protección o de tutela de derechos fundamentales para casos de urgencia, que también son una innovación a la que, en todo caso, se estaba moviendo el constitucionalismo de la época y que también debemos considerar mantener.
Y respecto a la segunda cuestión, yo no considero que haya algo urgente, en términos de que si no se hace haya una debacle política que obstruya al progreso del país, pero sí creo que habría que remirar y reevaluar la forma en que está pensada y que ha operado la justicia constitucional. Es un modelo desfasado en el tiempo, pensado para otra realidad y con sustentos históricos que nunca se han verificado en la práctica que habría que reconsiderar y reevaluar.
¿Hay alguna idea, institución, principio articulado que rescate de la fallida propuesta de 2022?
Hay varias, pero si me quedo con uno solo yo creo que es importante conservar, para efectos de atender un modelo, y utilizando las palabras del profesor Richard Albert, la vanguardia de la reforma constitucional en el capítulo de reforma y reemplazo a la Constitución. Tenía un modelo de reforma constitucional, un modelo de reforma de estructura básica de la Constitución y un modelo de reemplazo de la Constitución.
¿Es partidario de mantener el régimen presidencial como está actualmente? ¿Cómo equilibraría la relación que tiene este con el Congreso?
Más que una cuestión de ser partidario o no, yo creo que uno de los problemas que tenemos hoy es la de tratar de articular un sistema de gobierno en el que la jefatura de gobierno pueda contar con mayorías que le permitan implementar sus programas, porque en gran parte del mundo la lógica indica que, una vez que una coalición política triunfa en las elecciones, cuenta con un margen para poder incluir y avanzar en la implementación de su plan de gobierno y hoy eso en Chile es tremendamente complicado para cualquiera que sea el cuño del gobierno que se ha instalado. Esta es una regulación constitucional pensada no para facilitar el ejercicio del poder, sino que para contenerlo. No está pensando en dar la bienvenida a la implementación democrática de las fuerzas políticas que ganen una elección, sino que está para atrofiar tu desempeño, y eso es una cuestión que, me parece a mí, es la que da cuenta del tipo y grado de desafección de la gente para con esta institucionalidad en particular y para con, lamentablemente, la democracia en general. Y esa es una cuestión que yo diría que habría que mirar con especial cuidado, más allá, como digo, del rótulo específico.
¿Considera que esta nueva propuesta debería ser más acotada que la actual o la propuesta en 2022?
Si por brevedad uno apunta solamente al número de palabras, bueno, podría serlo y de hecho es discutible, ¿no? Pero si uno apunta a brevedad en términos constitucionales, la propuesta del 2022 fue una constitución que no era breve. Por otro lado, una Constitución que tiene pocas palabras, que no tiene un andamiaje institucional y que ha hecho imposible cualquier modificación a nivel legal, ha hecho imposible que, a través de la vía legislativa, las mayorías parlamentarias puedan avanzar en sus programas de gobierno y las promesas que han hecho a la ciudadanía durante la época de campaña. Entonces, ¿la Constitución tiene que ser breve? Yo diría que ojalá sea breve, pero que no lo sea en términos. Y vuelvo sobre esto a propósito del punto anterior: que habilite la política, que permita que la política pueda funcionar y que permita que las distintas coaliciones, cualquiera que sea el cuño de esta, pueda, una vez que está en el poder, implementar su plan de gobierno haciéndose responsable frente a la ciudadanía del desempeño que haya tenido en el ejercicio del poder.
¿Y qué opina al respecto de una extensión más desarrollada?
Yo opino que esta es una definición dogmática algo insulsa, ¿no? Las constituciones son hijas de sus tiempos, y las materias que terminan siendo incorporadas en la Constitución también. El ejemplo más obvio es el texto constitucional de Estados Unidos que, muchas veces, se presenta como el ejemplo de la Constitución mínima. Bueno, en la Constitución de los Estados Unidos se establece que el Congreso tiene el deber de fijar un sistema postal y las rutas del correo norteamericano. Mi pregunta es ¿esa es una cuestión que hoy día consideraríamos constitucional? ¿Es una cuestión que consideraríamos de demasiado detalle? Yo digo que la respuesta a la primera pregunta es no y la respuesta a la segunda pregunta es sí, y ese es justamente el problema de pretender analizar el resultado de las constituciones con categorías dogmáticas de las cuales tenemos poco con la realidad política, social y cultural de los países en los cuales se discute y se terminan aprobando.
¿Es partidario de mantener el sistema bicameral simétrico actual?
Lo que disponen las bases institucionales es que, justamente, el Congreso tiene que seguir siendo uno que se estructura sobre la base de un sistema bicameral, y dispone, además, que esto sea sin perjuicio de las atribuciones. Si a mí me preguntan hacia dónde debiese transitar el Congreso bicameral, que entonces va a tener que mantenerse en la próxima propuesta a nueva Constitución, es uno donde la Cámara del Senado sea una que efectivamente pueda reflejar una representación territorial que, hoy, no satisface.
¿Qué planteamientos constitucionales está pensando o le interesa proponer a la Comisión?
No diría nada en particular. Lo que sí plantearía, en términos generales, es que me gustaría que la Comisión, y desde luego el Consejo, que es un órgano estelar de este proceso, tenga apertura para discutir innovaciones institucionales. No hay peor, creo yo, enemigo de un proceso de reemplazo constitucional, que se verifica frente a tal nivel de desafección institucional por parte de la ciudadanía, que uno que abraza una suerte de fetichismo institucional, es decir, de creer que las instituciones son como son y que no pueden ser de otra forma. Esa cuestión o ese enfoque o ese pensamiento que supone algo así, como creer que hemos llegado al punto culmine de la humanidad en materia de evolución institucional, creo yo que es el principal enemigo para poder ofrecer a la ciudadanía una propuesta constitucional que le haga sentido y que la ciudadanía pueda ver como una que está dialogando y conversando con las urgencias y con las necesidades que la ciudadanía está planteando.
¿Qué acciones o participación o actitud debe tomar la Comisión de Expertos para aportar y evitar que este nuevo proceso fracase como fracasó el de 2022?
Yo creo que hay dos cuestiones: una de actitud y una de lo que yo espero. O para decirlo de una sola forma: yo creo que la Comisión Experta debe tener un rol más bien de bajo perfil, donde los y las integrantes puedan discutir sobre las bases de razones y, ojalá, echar mano lo menos posible a los medios como una forma de manifestar desacuerdos con los debates y diálogos que estemos teniendo en la Comisión. Es decir, aquí la Comisión no es tampoco la protagonista de este proceso. El protagonista es el Consejo Institucional, es el órgano donde va a estar el grupo de 50 consejeros y consejeras elegidos popularmente para integrar el órgano constituyente y, por lo tanto, junto a ese perfil bajo, debiese ser también la Comisión Experta una que le deje la suficiente amplitud al Consejo Constitucional para que este pueda, efectivamente, incluir lo que van a ser las demandas de la ciudadanía. Estos consejeros y estas consejeras van a tener que portear al Consejo Constitucional.