Por Francisca Pérez O. para Diario Constitucional. (*)

En una reciente entrevista con Aida Guerrero Rosen, jueza del Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, consultamos su opinión respecto al funcionamiento de los tribunales una vez cese el Estado de excepción constitucional nacido como consecuencia de la pandemia, esto debido a su posible cese este próximo 30 de septiembre, por la disminución de los contagios de COVID-19 y las bajas tasas de mortalidad en nuestro país.

1.¿Cómo cree usted que va a afectar el posible cese del Estado de excepción constitucional a fines de este mes de septiembre en el funcionamiento de los tribunales?

Yo pienso que los tribunales no deben verse afectados, en su funcionamiento, por el cese del estado de excepción, muy por el contrario, resulta necesario que se normalice el trabajo en tribunales. Claro está que el estado sanitario del país requería implementar un sistema que no afectaré la salud de los operadores del sistema judicial, pero ya las condiciones han mejorado y debemos retomar el trabajo jurisdiccional dando las mayores garantías establecidas por las leyes y la constitución.

2. ¿Considera que debido a estas circunstancias se verá afectado el derecho de la ciudadanía a tener un correcto y oportuno acceso a la justicia?

En un principio de la pandemia que conllevo la necesidad de decretar el estado de excepción pudo verse afectado de alguna manera el correcto y oportuno acceso a la justicia pero rápidamente, y dentro del desconocimiento que todos teníamos a este respecto, se tomaron medidas para que no se viera entorpecido el acceso a la justicia de los ciudadanos, se establecieron protocolos, se implementó una plataforma para poder realizar los juicios en forma virtual, los Tribunales elaboraron sus propios protocolos para asegurar el debido proceso a los intervinientes, especialmente para los justiciables.

3. ¿Qué alternativa considera usted sería la óptima para enfrentar la sobrecarga laboral que habrá producto de la acumulación de causas?

Efectivamente va a haber una sobrecargar, y ello se solucionaría – en la jurisdicción en que yo me desempeño, nombrando más jueces -, para poder así abrir más salas y agendar un número mayor de juicios. En la actualidad, fijamos audiencia en dos bloques, dando preferencia al preso y respetando en lo posible los plazos que la ley señala para la realización del juicio oral, pero, no es lo óptimo, especialmente para el redactor de la sentencia, que a lo menos él debiera ingresar a un solo juicio.

4. ¿Cuál cree que es el mayor desafío que van a tener que enfrentar los tribunales y sus trabajadores en esta vuelta a la normalidad?

Reorganizarse. Han pasado largos meses que hemos trabajado en una forma distinta a lo que estaba establecido para el desarrollo de la labor jurisdiccional, nos cambiaron las estructuras y ahora, al volver, debemos nuevamente a comenzar a retomar nuestra forma de trabajar sí, hay que dejar claro, que de todas maneras será mejor. El sistema que tuvimos que asumir nos impuso desafíos que no eran fáciles. El trabajo presencial para la labor jurisdiccional requiere un trabajo directo con los funcionarios del tribunal.

5. ¿Cuánto cree usted que se prolongarán las consecuencias de esta pandemia en el funcionamiento de nuestros tribunales?

Me imagino que por las características de los trabajadores judiciales, entiéndanse jueces y empleados, y no obstante la sobrecarga que debamos todos asumir, no me cabe duda, que intentaremos de todas maneras que las consecuencias de la pandemia no sean mayores para los justiciables; y de alguna manera ya lo hemos visto, con los tribunales de familia, en que jueces de los tribunales orales en lo penal hemos sido designados para poder sacar el trabajo de esos tribunales adelante, especialmente respecto a los retiros del 10%.

6. ¿Considera usted que todos los tribunales se verán afectados con una gran sobrecarga de trabajo una vez cese el Estado de excepción constitucional? ¿Cuáles cree serán los más afectados por esta circunstancia y por qué?

Es innegable que va a haber una sobrecarga de trabajo y no se puede afirmar que tribunales se verán más o menos afectados. Es una cuestión que afectará a todos por igual porque ya sea para quien busca justicia en una causa civil, o en una causa laboral, o en una causa penal o de familia, necesita que su conflicto se resuelva, toda y cada una de las materias traída a sede jurisdiccional requieren de una solución del conflicto dentro de plazos razonables porque de otra manera cualquiera sea la causa, cuando la justicia es tardía es negación de justicia sin importar la materia.

7. ¿Cuál es su opinión respecto al reciente rechazo por parte del Ejecutivo a la propuesta dada por la Corte Suprema de realizar una dotación de 310 nuevos jueces para enfrentar la recarga laboral una vez termine el Estado de excepción?

Pareciera que el ejecutivo desconoce la importancia de la labor jurisdiccional y la necesidad de resolver los conflictos que se producen ya sea entre particulares o entre el estado contra determinada persona. Es una cuestión de paz social y si más se demoran los tribunales en juzgar a quien quebranta la ley más inseguridad se produce en la ciudadanía. Es cuestión de todos los días como la gente reclama por justicia ya sea como víctimas o como imputados sometidos a largas prisiones preventivas sin que reciban una condena o absolución por los cargos que se le formulan, lo que obviamente, está fuera de todos los principios que inspiraron la reforma procesal penal.

8. ¿Cree usted que exista una solución con la que tanto la Corte Suprema como el Ejecutivo estén de acuerdo para enfrentar la sobrecarga de laboral en los tribunales una vez termine el Estado de excepción?

No sé si hay disposición del ejecutivo de revisar y escuchar a la Corte Suprema para resolver el problema que se va a generar con una sobrecarga laboral. Solo en materia penal va a ser una situación muy grave si los juicios no se pueden realizar por falta de jueces.

(*) Alumna Facultad de Derecho de la Universidad Mayor que realiza pasantía en Diario Constitucional.