Transgreden los límites del artículo 8, inciso segundo, de la Constitución, al ampliar deliberadamente los márgenes taxativos que la norma constitucional indica.

Las requirentes estiman que la normativa impugnada amplía el concepto de información pública más allá de los límites establecidos por la Constitución.

La requirente alega que la normativa impugnada infringe el principio de publicidad, al extender más allá de sus límites lo que se entiende por información pública.

Las normas impugnadas establecen un marco regulatorio diverso al de la Constitución, al considerar como pública información que no lo es.