La empresa reclamó en contra de la resolución administrativa referida a la calificación de servicios mínimos de su personal en huelga legal. El tribunal de primera instancia se declaró incompetente, hecho ratificado en alzada, privando a la recurrente de su derecho a acudir a la judicatura para obtener una solución al litigio.

De hacerlo, la magistratura vulnera la tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la justicia, y el derecho a un juicio racional y justo para el trabajador que presenta un conflicto de relevancia jurídica ante el juez.

Se demandó por despido injustificado y una Sala de la Corte de Santiago confirmó la resolución que no dio lugar a la tramitación de la acción, por no acudir previamente el demandante a la Inspección del Trabajo, acto que vulneró el derecho a defensa y tutela judicial efectiva del actor.

En atención al principio de protección que es transversal al ordenamiento laboral, el operario puede solicitar la tutela judicial efectiva del conflicto que pone en conocimiento del Tribunal, sin que éste se encuentre en posición de privar al demandante de su derecho al debido proceso.

La falta de pago impidió que se examinara el fondo de una acción de indemnización por daños interpuesta por el demandante.

Los demandantes fueron privados de la oportunidad de continuar con su trabajo judicial y de perseguir objetivos de desarrollo profesional y personal.

Crea una única institucionalidad que integre a las Corporaciones de Asistencia judicial, reuniendo en un único Servicio la oferta programática que actualmente brindan, con atención a la defensa de víctimas de delitos, grupos o personas vulnerables y la defensa de los Derechos Humanos.