La nueva normativa impone a las compañías la obligación de optar por métodos de prueba alternativos que estén debidamente autorizados por la entidad competente, para la “investigación científica, desarrollo y control de calidad” de sus productos.
La responsabilidad jurídica de todos los autores y partícipes de los numerosos delitos que atentan contra el Estado Democrático de Derecho debe determinarse con absoluto respeto a los principios del Debido Proceso Legal y del Juez Natural, sin distinción alguna entre servidores públicos civiles o militares.
Se les acusa de realizar actos incompatibles con su función a través de redes sociales. Si bien las investigaciones siguen en curso, ya habrían sido sancionados con el bloqueo de sus cuentas por su marcado activismo político.
Según esta tesis, los pueblos indígenas solo tienen derecho al territorio que estaba ocupado al momento de la promulgación de la Constitución de 1988.
No existieron siquiera indicios de la comisión del delito para fundamentar una condena penal.
Esto, en el contexto de la audiencia pública del Supremo Tribunal Federal de ese país.
