La legislación se enmarca en el llamado “paquete climático”, que es un conjunto de medidas en virtud de las cuales la UE busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La meta es reducirlos al menos en un 55% para el año 2030.
Establece un marco jurídico que regula la institucionalidad del cambio climático y crea instrumentos para gestionar la crisis.
El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto que regulen materias propias de ley orgánica constitucional.
Los Estados deben consultar y buscar el consentimiento de las personas cuyos derechos pudieran ser violentados por programas y proyectos que impliquen riesgo de daño ambiental significativo.
La iniciativa del Ejecutivo busca otorgar una mirada de Estado, a largo plazo, en el resguardo del medio ambiente. El objetivo es que la norma trascienda a los gobiernos de turno.
Es deber del Estado asegurar el buen vivir de las generaciones presentes y futuras, y avanzar de manera sostenida en la prevención y reducción de los riesgos provocados por el cambio climático.
La iniciativa fue respaldada en su idea de legislar por el grupo parlamentario que, ahora, se abocará al análisis del articulado del texto legal.
El cambio climático ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de cambiar el modelo energético a nivel mundial, implementando políticas que reduzcan el impacto ambiental, sobre todo en las actividades que generar dióxido de carbono.
Los actos y resoluciones que emanen de las Municipalidades respecto al cuidado y conservación de áreas verdes, del aseo de vías y espacios públicos y en general de los bienes nacionales de uso público de la comuna, deberán incorporar criterios para velar por el cuidado del agua, prefiriendo medidas de riego tecnificado.
Se tipifica el delito de ecocidio, como cualquier omisión o acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medioambiente.
