Regula la distribución de tiempos de la franja electoral de candidatos a Convencionales Constituyentes y determina como se calcula el tiempo que tendrán las propagandas electorales de los candidatos independientes.
La gestión pendiente incide en proceso contencioso administrativo, de que conoce la Corte de Santiago.
El ente contralor adujo que dado el principio de igualdad que debe regir entre los proponentes y que los convenios celebrados en la situación en estudio no incluyeron el costo por concepto de las referidas cauciones, no resulta procedente que tales pactos sean modificados para incorporar dicho ítem.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que, el ordenamiento jurídico chileno consagró un amplio espectro de libertad de expresión e información.
El máximo Tribunal estableció que la corte capitalina yerra al considerar que el recurso se presentó fuera de plazo.
