El asunto debe ser conocido en el procedimiento pertinente máxime si no se ha acreditado la existencia de un derecho indiscutido y preexistente de aquellos cuyo impero esta Corte debe proteger.
El acto impugnado no adolece de ilegalidad alguna, así como tampoco de arbitrariedad, dado que fue pronunciado por la autoridad facultada para disponerlo, en un caso previsto por la ley, con observancia de las formalidades legales y existiendo mérito que lo justificó.
Conculca la garantía de igualdad ante la ley, desde que impone una situación desigual respecto de otros administrados, desoyendo la entidad los propios criterios por ella establecidos para aplicar en situaciones similares.
Los organismos públicos están obligados a respetar los plazos legales respecto de todas las personas, sin distinción alguna, sobre todo cuando los procedimientos administrativos tienen efectos patrimoniales respecto de los administrados.
