La enmienda constitucional requerirá la aprobación de ambas cámaras del Parlamento y podría someterse a referéndum o ser respaldada por una mayoría de tres quintos en una sesión conjunta. Aunque el gobierno de Macron favorece la segunda opción, la seguridad en el nivel de apoyo en el Senado es menos clara que en la Asamblea Nacional.

La sentencia del Tribunal Constitucional equivale a una injerencia en la intervención para la cual la demandante cumplía las condiciones requeridas y cuya ejecución ya había comenzado, creando así una situación que privó al demandante de garantías adecuadas contra la arbitrariedad. Se obligó a la demandante a viajar al extranjero para abortar, e incurrir en costes considerables y a alejarse de su red de apoyo familiar, lo cual debió haber tenido importantes consecuencias psicológicas para ella.

La consagración del derecho al aborto a nivel constitucional se transformó en una cuestión prioritaria para el gobierno, luego que el presidente Macron lo prometiera el 8 de marzo pasado (día Internacional de la Mujer).

Solo en circunstancias muy excepcionales un demandante puede alegar ser víctima de una futura violación al Convenio. Para que una mujer en edad fértil en Polonia pueda alegar que fue víctima de las restricciones al acceso al aborto terapéutico, tendría que presentar pruebas razonables y convincentes de la probabilidad de una eventual vulneración. La mera sospecha o conjetura es insuficiente.

El mandatario comunicó su decisión durante los actos de celebración del Día Internacional de la Mujer. La consagración de este derecho requerirá una reforma constitucional que será tramitada conforme a la vía ejecutiva, que no requiere un referéndum de aprobación y, por lo tanto, es más expedita.