La obligación establecida en los artículos 39, 396 y 405 del Código Procesal Penal, debe ser cumplida por la magistratura aun cuando el delito sea de acción penal privada y el resultado de la decisión sea la absolución, pues de omitir dicha exigencia, el tribunal priva a los intervinientes de ejercer su derecho a recurso al desconocer los fundamentos del fallo.

El juez de base sólo dio a conocer la parte resolutiva del fallo, incumpliendo con lo establecido en los artículos 39 y 396 del Código Procesal Penal, relativos a la obligación de dar a conocer de forma escrita e íntegra la sentencia condenatoria.

La identificación mediante el registro de las cámaras de seguridad del recinto, fue fundamental para dar con el paradero del imputado, quien fue sorprendido en su domicilio ocultando las especies sustraídas.

Un guardia de seguridad detuvo al acusado al observar que se disponía a abrir vehículos estacionados en un mall con un control universal. Posteriormente, lo trasladó a una oficina donde el infractor le entregó el control universal y un destornillador modificado para abrir cerraduras, actuación autónoma que no infringe el debido proceso, pues no altera las funciones de los agentes policiales que arribaron unos minutos después al lugar de los hechos.

Estimó que la decisión del tribunal de base de condenar a los encartados por un delito de lesiones en concurso con un cuasi delito de homicidio es errada, debido a que del propio fallo condenatorio se desprende la existencia de dolo eventual y, en tal sentido, la calificación de los hechos debió ser la de homicidio simple.

La aplicación del enfoque de género en el proceso penal no está limitada a los casos en que se investigan y juzgan actos de violencia sexista contra la mujer, sino que se extiende también a los casos en que es una mujer quien aparece como imputada.

El derecho al doble conforme es una garantía del debido proceso, que permite solicitar que la sentencia condenatoria sea confirmada en dos instancias.

Los delitos referidos a los servicios de telecomunicaciones deben ser sustanciados en el fuero federal.

El Tribunal de alzada condenó a Miguel Krassnoff Martchenko, Raúl Iturriaga Neumann, Juvenal Piña Garrido, Rolf Wenderoth Pozo y Manuel Carevic Cubillos a 15 años y un día de presidio efectivo, en calidad de autores de los delitos de carácter de crímenes de lesa humanidad.

Para acometer a las víctimas, el imputado aprovechaba la oscuridad y las precarias condiciones en que vivían y dormían en la vía pública, atacándolas con golpes de pies para luego apuñalarlas en zonas vitales con un arma blanca -tipo cuchillo-, con el cual salía de su domicilio con la única finalidad de dar muerte a quienes encontraba en dicha condición.