Reiteradamente se ha ordenado al Estado el cese de las agresiones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en resoluciones que han sido contumazmente desconocidas por el mismo, que ha anunciado de manera explícita y contundente su decisión de no cumplirlas. Esto significa desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos un acto de extrema gravedad.