Diario Constitucional

Caso “YATAMA vs. Nicaragua”.

Corte IDH dicta medidas urgentes para salvaguardar derechos de dos diputados nicaragüenses detenidos arbitrariamente.

Reiteradamente se ha ordenado al Estado el cese de las agresiones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, en resoluciones que han sido contumazmente desconocidas por el mismo, que ha anunciado de manera explícita y contundente su decisión de no cumplirlas. Esto significa desde el punto de vista del Derecho Internacional de los Derechos Humanos un acto de extrema gravedad.

Por Redacción·04 de enero de 2024·3 min de lectura
imagen: noticias.imer.mx
Referencial

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas urgentes para proteger a dos miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua (parlamento) y de YATAMA, organización política indígena que ha sido perseguida por el régimen nicaragüense, y a los integrantes de su núcleo familiar. Requirió al Estado para que cautele sus derechos, ordenando además su inmediata liberación al constatar que sus detenciones fueron arbitrarias.

El caso tiene su origen en el caso “YATAMA vs. Nicaragua” y en las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó en favor de los beneficiarios, al constatar que habían sido arrestados por las fuerzas de seguridad del país sin mediar orden de allanamiento o detención legal. En este proceso también se acreditó que uno de los afectados padece problemas renales que no estarían siendo tratados en su cautiverio; y que sus familiares han sido objeto de hostigamiento y actos de intimidación.

Así, la CIDH solicitó a la Corte la dictación de medidas urgentes atendida la gravedad de la situación, considerando que los parlamentarios afectados son considerados opositores al régimen que gobierna el país, el cual ha perpetrado sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos. Por ello, la CIDH refirió que, según los antecedentes disponibles, existe una “situación de extrema gravedad y urgencia y un riesgo inminente de que se materialice un daño irreparable a los derechos de las personas identificadas en el actual contexto de Nicaragua”.

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