La iniciativa, aprobada por la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, busca establecer que instituciones públicas y privadas empleen elementos de protección transparentes en la zona de la boca para permitir la lectura de los labios por parte de la población sorda.

La iniciativa se presentó con suma urgencia.

La Corte resalta que los Estados deben proporcionar los servicios de salud necesarios para prevenir posibles discapacidades, así como prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades.

La situación de discapacidad de una persona no puede condicionar ni suspender el pago de una pensión o un beneficio.

La iniciativa sostiene que el actual sistema democrático y político sufre una crisis de representatividad y confianza.

La privación del derecho de voto de una persona con discapacidad mental es procedente cuando dicha persona se encuentre incapacitada para tomar una decisión electoral libre y auto determinada y, cuando aquella determinación tenga como base una evaluación exhaustiva e individualizada por parte de los tribunales nacionales.

La Magistratura constitucional española adujo que resulta particularmente importante que el empleador respete el derecho a los ajustes razonables en el caso las personas con discapacidad mental, por causas psíquicas, intelectuales o cognitivas, al tratarse de formas de discapacidad que todavía siguen rodeadas de mitos, miedos y estereotipos que hacen que quienes las padecen sean especialmente vulnerables.

Deberá haber un 5% mínimo de candidaturas de personas con discapacidad en las listas de un partido o pacto electoral.

La falta de capacidad cognitiva de un ser humano no constituye un elemento esencial que justifique la restricción del derecho a sufragio de una persona.

El Lenguaje de señas es un patrimonio intangible de las personas sordas y el elemento esencial de su cultura e identidad individual y colectiva.