La recurrente alega que la sentencia recurrida ignora el valor de los fallos del máximo tribunal electoral, en lo que dice relación con los principios generales que inspiran la justicia electoral, tales como: la buena fe o el principio pro-participación.

Lo que busca la ley es fortalecer la capacidad de supervisión, fiscalización y sanción de la administración electoral, y así evitar que el dinero sucio proveniente del narcotráfico u otras actividades criminales terminen financiando a los partidos políticos, sobre todo en el marco de un proceso electoral como el de nuestro bicentenario.

En caso de la Convención Mixta, el actual Congreso deberá elegir, de una manera proporcional, a sus representantes, y el 11 de abril de 2021 se deberán elegir los representantes de la ciudadanía por medio del sistema electoral aplicable a los diputados. En caso de que la Convención Constitucional, la elección del total de los convencionales se realizará en tal fecha y bajo el mismo sistema electoral.

A propósito de la reciente publicación de la ley que impide postular a cargos públicos o de elección popular a los sentenciados en primera instancia, el autor advierte dos normas y una jurisprudencia del TC respecto a las limitaciones “constitucionalmente legítimas” para el ejercicio del derecho a la participación política.

Las cámaras serán más eficientes y se acelerará el debate político.

El Tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prohibición de salir del país de los imputados, por considerarla proporcional a los fines de procedimiento. Además, fijó en 120 días el plazo de investigación.

El autor comenta la recientemente publicada Resolución N° 0303-2020-JNE, mediante la cual se aprobó el Padrón Electoral Definitivo para el proceso de Elecciones Generales 2021.