El máximo tribunal revocó la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago y estableció el actuar ilegal y arbitrario del Mineduc al establecer una diferencia o discriminación arbitraria entre instituciones de educación superior que integran un mismo grupo o categoría, al restringir el número de matriculados, sin especificar los motivos o razones que den sustento a dicha decisión y en contradicción con el mayor número de técnicos de nivel superior que prevé el mercado laboral.

El objetivo es corregir las desigualdades surgidas en el pasado segregacionista de Estados Unidos y aumentar la proporción de estudiantes afrodescendientes, hispanos o de pueblos indígenas, que siguen estando subrepresentados en la educación superior.

La iniciativa tenía como antecedente el derecho a participación a favor de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito social y político.

Es importante establecer acciones concretas que fomenten la participación de los estudiantes en el proceso constituyente.

Asimismo, se abordaron limitantes para acceder a beneficios de libertad condicional para agresores sexuales; normas para un buen funcionamiento del mercado financiero; condiciones para el retorno a clases; y una regulación para proteger a las trabajadoras de casa particular en el contexto de las cuarentenas. Además, discutió la situación de las universidades en la pandemia.

La Corte de Apelaciones de Santiago señaló en su oportunidad que el egreso del Programa de Integración Escolar de las niñas a cuyo favor se recurrió de protección, constituyó una decisión adoptada por la recurrida dentro de sus facultades.