Al no existir una habilitación legal expresa tratándose de los gobernadores o gobernadoras regionales, la Contraloría se ve impedida de determinar y hacer efectiva tal responsabilidad. Con todo, verifica que los gobernadores de regionales de Tarapacá y Biobío subsanaron sus infracciones, y el gobernador de Valparaíso, no ha cometido infracción alguna.
El Pleno emitirá pronunciamiento sobre la constitucionalidad de las normas del proyecto que regulen una materia propia de ley orgánica constitucional.
Con autoridades regionales electas, es decir, con independencia democrática de las autoridades del gobierno central, los criterios de asignación regional de los recursos deben estar previamente definidos y no depender de la voluntad de la autoridad de turno.
