La materia no dice relación con la libertad personal o seguridad individual del amparado, como lo exige el artículo 21 de la Constitución, sino con su derecho a ser juzgado en un término razonable, materia que no es protegible por la vía del recurso de amparo.
La circunstancia de formalizarse investigación por hechos que configuran ilícitos de la Ley 12.927 y, además, de delitos contemplados en el Código Penal, lo ha sido en el marco de facultades que la ley entrega al Ministerio Público y que no lesiona el precepto aludido por la recurrente de amparo
El bien jurídico protegido por la Ley de Seguridad del Estado no dice relación con los conflictos entre particulares o de otras situaciones que se encuentran cubiertas por las disposiciones contenidas en el derecho penal común, alega el amparado.
