El requirente alega que la norma legal objetada infringe el debido proceso, desde que limita la posibilidad de recurrir respecto de una nueva sentencia definitiva dictada en la causa, en circunstancias que la primera sentencia no se pronunció́ sobre el fondo, sino que acogió́ una excepción de incompetencia.
La prescripción del plazo en materia de responsabilidad estatal tiene como fin último evitar que exista indefinidamente una acción que permita a los afectados exigir a la entidad la reparación integral del daño generado por su actuar administrativo irregular, lo que encuentra su justificación en la seguridad y certeza jurídica.
El régimen de responsabilidad en sede administrativa incluye la falta de servicio por omisión del deber de cuidado y diligencia, por lo tanto, es indiferente la modalidad de libre elección de los médicos porque el demandado es responsable de la efectividad de las prestaciones realizadas en los recintos de su red de salud.
