El constituyente procuró dispensar una protección efectiva al parlamentario, a fin de permitirle el amplio ejercicio de la libertad de expresión cualquiera que sea el ámbito espacial en que se manifieste, incluso fuera del Parlamento, siempre que las declaraciones realizadas por el miembro del Poder Legislativo estén vinculadas al cumplimiento del mandato o hayan sido pronunciadas en razón del mismo.