La iniciativa tiene por objetivo dar cuenta de la necesidad de establecer medios disuasivos respecto al mal uso de la inteligencia artificial, cuando esta se destine a la comisión de delitos de diversa índole, que afectan los derechos de las personas.
En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando con la finalidad de establecer un marco jurídico para regular la IA y poder determinar quien es el responsable ante un daño causado en un contexto en el que se utilice IA. Así, en este momento se encuentran en tramitación tres disposiciones con relación a esta materia.
La iniciativa apunta a considerar en el Código Penal un agravante para quienes cometan delitos mediante IA.
La naturaleza conjunta de la obligación alimentaria de los padres no significa que ambos deban responder en igual porcentaje para la cobertura del gasto total de manutención. En esa medida, el aporte que corresponde cubrir a cada padre debe fijarse en proporción a sus propias posibilidades económicas y condiciones personales.
La inteligencia artificial, según muestran programas lanzados al mercado recientemente, comporta riesgos para la privacidad y otros derechos de las personas, así como para la democracia, por lo que la Unesco aboga por normas nacionales que establezcan garantías en defensa de los ciudadanos y el ambiente.
Las compañías habrían utilizado millones de imágenes protegidas con derechos de autor para ponerlas a disposición de sus usuarios, sin el consentimiento de sus propietarios. Recientemente la agencia Getty Images también dedujo una demanda por los mismos hechos.
Una obra puede registrarse solo si califica como una obra original de autoría fijada en cualquier medio tangible de expresión. La Corte Suprema ha resuelto que el término “original” consta de dos componentes: creación independiente y creatividad suficiente. Los tribunales que interpretan la frase “obras de autoría” la han limitado uniformemente a las creaciones de autores humanos.
Su desarrollador considera que esta tecnología puede reemplazar por completo a los letrados que cobran demasiado dinero únicamente por «copiar y pegar documentos».
El Juzgado remarcó que no busca reemplazar el raciocinio del juzgador humano, sino que el uso de la aplicación obedece a cuestiones de economía procesal. Su utilización se enmarca en la Ley 2.213 que permite a los tribunales utilizar inteligencia artificial para un mejor resolver.
Pueden examinar las pruebas del caso e incluso dictar sentencias, ya que utilizan en tiempo real bases de datos jurisprudenciales y de big data. No obstante, algunos especialistas advierten sobre el mal uso que podría darse a la información recabada en los juicios.
