La normativa aplicable no crea una jerarquía entre las acciones legales emprendidas contra el anfitrión de sitios pornográficos y las incoadas contra el proveedor de Internet. Por lo tanto, las asociaciones pueden pedir a los tribunales que obliguen a los proveedores a bloquear un sitio pornográfico sin tener que accionar primero contra el editor del contenido o su anfitrión.

La Tercera Sala del máximo tribunal estableció actuar arbitrario de la empresa al no bloquear sitios de apuestas ilegales, ya que la Polla Chilena de Beneficencia es el único organismo autorizado por ley para realizar tal actividad.

El objetivo de la iniciativa es impulsar el despliegue y desarrollo de redes de servicios de internet en el país para facilitar el acceso a las telecomunicaciones a la ciudadanía.

La iniciativa busca proteger el derecho a la imagen de los menores de edad, dado en que muchas ocasiones sus imágenes son utilizadas con fines ilícitos. Además, consagra el derecho al olvido para facilitar la eliminación de los registros que vulneren sus derechos.

La empresa se adjudicó una licitación y se obligó a brindar servicios de telefonía e internet a zonas australes extremas incumpliendo tal prestación, hecho que fue sancionado con una multa principal y una multa diaria, que en opinión del máximo Tribunal, no infringen el principio non bis in ídem al no concurrir identidad en los hechos ni en su fundamento.

El hecho de publicar o subir imágenes, vídeos, o cualquier otro tipo de grabación referente a nuestros hijos en Internet en general, y en las redes sociales en particular, además de crearles una huella digital sin su consentimiento desde que son bebés, también puede exponerles a los peligros que acarrea el propio Internet.

El desarrollo de las plataformas digitales en los últimos años suscitó varias cuestiones legales vinculadas principalmente con la protección de los usuarios. En este sentido, la Unión Europea redactó un conjunto de normas para regular el mercado digital y las conductas que deben cumplir dichas plataformas en una sociedad democrática, especialmente cuando por medio de ellas se producen daños por la difusión de información falsa, engañosa o sesgada o desinformación.

Exige que se ejecuten las acciones necesarias para permitir el libre e igualitario acceso a Internet en la fase de construcción y explotación de la obra pública e impone a las empresas proveedoras la obligación de brindar conectividad en todo el territorio nacional.

La relevancia que ha adquirido el acceso a internet y la posibilidad de mantenernos conectados e informados en todo momento ha dado pie para que en distintos ordenamientos jurídicos se haya reconocido como un verdadero derecho constitucional.

La iniciativa radicada en la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, confiere al acceso a Internet, la calidad de servicio público de telecomunicaciones destinado a satisfacer las necesidades de telecomunicaciones de la comunidad en general.