Internet

Autoridades pueden acceder a datos de identificación mediante la dirección IP del usuario en el marco de una investigación penal, resuelve el TJUE.

El Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que autorice a la autoridad pública competente, con el único propósito de identificar a la persona sospechosa de haber cometido una infracción penal, a acceder a los datos de identidad civil correspondientes a una dirección IP. No obstante, los Estados miembros deben garantizar que ese acceso no permita obtener conclusiones precisas sobre la vida privada de los titulares de las direcciones IP de que se trate.

2 de mayo de 2024

Internet como Servicio Público.

27 de abril de 2024
Entre los artículos destacados, y como un asunto estratégico y vector estructural del proyecto, está consolidar la «convergencia tecnológica» como un principio en la ley.  De esta manera, lo que hasta ahora consolidaba un ambiente divergente, con esta inclusión explícita en el cuerpo legal, se asegura que las concesiones de servicios públicos de telecomunicaciones puedan adaptarse y evolucionar con las nuevas tecnologías y servicios.

Corte Suprema de Estados Unidos fija criterios para distinguir los casos en que los funcionarios públicos están facultados para bloquear a usuarios en sus redes sociales.

20 de marzo de 2024
La actividad de un funcionario público en las redes sociales constituye una acción estatal según la ley § 1983 solo si el funcionario (1) posee autoridad real para hablar en nombre del Estado y (2) pretende ejercer esa autoridad cuando se comunica en redes sociales. La apariencia y función de la actividad de estas redes son relevantes en el segundo paso, pero no pueden compensar la falta de autoridad estatal en el primero.

Direcciones IP están protegidas por la Constitución canadiense al ser una información privada del titular.

6 de marzo de 2024
El objetivo de la Carta es proteger de manera significativa la privacidad en línea de los canadienses en el mundo abrumadoramente digital de hoy. Una dirección IP es el vínculo crucial entre un usuario de Internet y su actividad en línea. Visto normativamente, es la clave para desbloquear la actividad de un usuario en Internet y, en última instancia, su identidad.
España.

Daño psicológico provocado por la actividad de moderar contenidos en internet, para evitar la exhibición de material audiovisual sobre terrorismo, suicidios, automutilaciones, decapitaciones y torturas, califica como accidente laboral.

Los trastornos psiquiátricos graves que sufre el trabajador -trastorno de pánico con agorafobia, trastorno obsesivo severo y trastorno por estrés postraumático- cumplen ya carácter incapacitante por su cronicidad y severidad de los síntomas e incapacitan al trabajador para su trabajo de moderador de contenidos.

3 de febrero de 2024
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Empresa rumana que produce videos con contenido erótico y los intermedia en una plataforma online no es sujeto de IVA, resuelve el TJUE.

Cuando los servicios consistentes en sesiones interactivas filmadas y difundidas en tiempo real por Internet (por ejemplo, un videochat) sean prestados por un sujeto pasivo que es propietario del contenido digital a un cliente final, a saber, un espectador, en circunstancias en que ese contenido ha sido suministrado a ese sujeto pasivo por otro sujeto pasivo, el suministro del contenido digital por este último no consiste en dar acceso a una manifestación recreativa.

9 de diciembre de 2023
Protección de menores en línea.

No se requiere demandar previamente al editor del sitio web pornográfico para solicitar una medida de bloqueo pues es posible accionar directamente contra el proveedor de internet, resuelve la Corte de Casación de Francia.

La normativa aplicable no crea una jerarquía entre las acciones legales emprendidas contra el anfitrión de sitios pornográficos y las incoadas contra el proveedor de Internet. Por lo tanto, las asociaciones pueden pedir a los tribunales que obliguen a los proveedores a bloquear un sitio pornográfico sin tener que accionar primero contra el editor del contenido o su anfitrión.

27 de octubre de 2023