La Superintendencia de Salud explicó el cálculo retrospectivo y prospectivo que se hizo marcado por el fallo de noviembre de 2022. También ex autoridades enfatizaron el “daño que le hace la sentencia a la industria”.
Los senadores se mostraron preocupados por la incertidumbre que genera un virtual cambio de criterio. Acordaron continuar con audiencias mientras «la justicia entrega mayores certezas que permitan definir cuántos contratos realmente se verán afectados con la sentencia».
No procede limitar la cobertura de las prestaciones referidas a la salud mental, toda vez que ello se encuentra prohibido en los contratos de salud por la ley Nº 21.331.
Los legisladores advirtieron el riesgo de que se genere «una salud de primera y segunda categoría». Este martes, la Comisión de Salud recibirá a la Asociación de Isapres. En tanto, la Comisión de Constitución aprobó en general y en votación dividida, la reforma que busca incorporar una disposición transitoria que regule las bases para la determinación de las tarifas de los planes de salud y la implementación de sus ajustes de precios.
En la decisión, la Tercera Sala del máximo tribunal aceptó la petición planteada el 10 de mayo por la Superintendencia de Salud basada en la presentación del denominado proyecto de ley corta de isapres ante el Congreso Nacional.
La Comisión de Salud analizó la necesidad de dar con una fórmula que garantice los pagos sin generar la insolvencia del sector pensando en los derechos de los pacientes.
El máximo Tribunal estableció falta o abusos de los jueces del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TLDC) al rechazar la fusión, al considerar el riesgo de concentración y de aumento de planes base, materia que se encuentra regulada por fallos emitidos recientemente por la Corte Suprema.
Mientras las aseguradoras plantearon sus posturas sobre «que la sentencia no las obligaría a devolver excedentes», ex autoridades de salud y parlamentarios hicieron un llamado a “cumplir todo el fallo” que emitió la justicia.
En la instancia, el Ejecutivo aseguró que el pago sería gradual, todo con el fin de alcanzar un equilibrio financiero. Los senadores abogaron por una mayor difusión de las definiciones que adopte el Ejecutivo.
La iniciativa tiene por objeto asegurar la continuidad de prestaciones de salud convenidas entre las Instituciones de Salud Previsional y sus usuarios, frente al incierto escenario que han manifestado las instituciones de salud privada.
