Se trata de una moción de los senadores Ximena Rincón, Francisco Chahuán, Matías Walker, Javier Macaya y Rodrigo Galilea que incorpora una disposición transitoria en la Constitución.
En las sentencias, la Tercera Sala del máximo tribunal dejó sin efecto el alza de las isapres. El fallo señala que lo primero que advierte esta Corte es el empleo de una tabla de factores por parte de la recurrida que no sólo difiere de la que ordena aplicar la Superintendencia del ramo en Circular de 2019, sino que, del Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la diferenciación por sexo y edad en las tablas de factores de las Instituciones de Salud Previsional, derogando las normas legales que así lo permitían.
La instancia contó con la asistencia del superintendente de Salud, Víctor Torres; el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, el Subsecretario de Salud, Cristóbal Cuadrado y el economista de la salud, David Debrott.
El texto aumenta las multas a los profesionales que emiten estos documentos sin justificación, entrega más facultades a la SUSESO y facilita la notificación a los médicos que están siendo investigados.
Los congresistas se mostraron preocupados respecto cómo se materializará la devolución de los dineros cobrados a los afiliados, de qué forma se determinará el alza de lo que queda de este año, y qué pasará en los años siguientes.
El “Sistema Nacional de Salud” se regirá por “los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación”, pero es difícil saber qué implican todos estos calificativos impuestos desde la Constitución.
Los senadores respaldaron la idea de legislar. De este modo, continuarán revisando el articulado de la moción que apunta a terminar con la práctica de estas entidades de suspender las licencias médicas.
De acuerdo a la iniciativa, “las prestaciones de salud presentan significativas diferencias dependiendo del lugar al que se acuda, haciendo notar la carencia de una regulación sobre la materia, permitiendo que cada institución de salud privada fije sus precios atendiendo a factores del mercado”.
