Las diferencias de opinión entre los Estados miembros en lo concerniente a la interpretación de los requisitos de la protección internacional no demuestran la existencia de deficiencias sistemáticas. Cada Estado miembro debe considerar, salvo en casos excepcionales, que los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos.

También proscribe el uso de términos tales como hamburguesa, chuleta o filete para productos vegetales que imiten productos de origen animal, con el objetivo de evitar confusiones entre los consumidores.

No puede realizar actividades normales de tratamiento, ni tener una calidad de vida cotidiana conforme al artículo 27 de la Constitución. Además, por su condición de muy obeso, y a pesar de contar con una silla de ruedas para desplazarse, no puede acceder a los servicios debido a las barreras arquitectónicas existentes.

La menor padece una rara enfermedad mitocondrial que los especialistas calificaron de incurable, por lo que han recomendado poner fin a su existencia para no prolongar su sufrimiento. El gobierno italiano le otorgó la ciudadanía a la menor y ofreció sufragar los costos de su tratamiento en un hospital pediátrico de Roma (Italia), lo cual fue rechazado por los tribunales británicos.

Estaba cansada de alojar en su casa a sus dos hijos adultos. Si bien ambos trabajaban, le molestaba que no contribuyeran para solventar los gastos del hogar y que ni siquiera ayudaran en las tareas domésticas. Había intentado varias veces convencerlos de que buscaran un alojamiento independiente, pero ambos se negaron en repetidas ocasiones.

Los demandantes se vieron obligados a vivir en un entorno contaminado por los desechos acumulados a lo largo de las calles y por los sitios de almacenamiento temporal de basuras. Dicha exposición a residuos, en violación de las normas de seguridad, había hecho a los demandantes más vulnerables a diversas enfermedades. Esta conclusión fue respaldada por diversos estudios científicos. La constatación de la vulneración de derechos constituye en sí misma una satisfacción justa y suficiente para resarcir el daño moral causado.

El derecho a la vida es una de las disposiciones más fundamentales de la Convención, por lo que las autoridades están obligadas a rendir cuentas del trato dado a las personas bajo custodia policial debido a su posición vulnerable. Respecto de las lesiones y muertes que se producen durante las detenciones, se puede considerar que la carga de la prueba recae en las autoridades, que deben proporcionar una explicación satisfactoria y convincente al ocurrir estos hechos.

La menor, de cuatro años, había sido mantenida desde su nacimiento en un estado de incertidumbre prolongada en cuanto a su identidad personal. En particular, al no tener un parentesco legalmente establecido se la consideraba apátrida en Italia. Por lo tanto, a pesar del margen de apreciación otorgado al Estado, las autoridades incumplieron su obligación de salvaguardar los derechos de la menor.

Fueron revelados datos e información no sólo de la vida privada de la ex pareja del empresario, sino que también de terceros.

La aplicación automática de la confiscación en casos de urbanización ilícita no se ajusta a los principios derivados de la jurisprudencia del Tribunal sobre el artículo 1 del Protocolo Nº 1, que consagra el derecho de propiedad. Sin embargo, el cambio de uso de suelo designado y la pérdida de la condición de suelo edificable no fueron planteados en el marco de la sentencia de fondo.