La injerencia en los derechos fundamentales causada por el acceso a extractos telefónicos puede calificarse de grave y confirma que solo puede concederse dicho acceso cuando se trate de los datos de personas sospechosas de estar implicadas en un delito grave. Corresponde a los Estados miembros definir los «delitos graves» a efectos de la aplicación de la Directiva en cuestión.
La normativa nacional controvertida, en la medida que no permite a los operadores de gestión independientes establecidos en otro Estado miembro prestar sus servicios de gestión de los derechos de autor en Italia, constituye una restricción manifiesta a la libre prestación de servicios.
En la medida en que las normas sobre el tiempo máximo de emisión de publicidad por hora de reloj persiguen objetivos diferentes de los perseguidos por las normas de competencia, el criterio que ha de tenerse cuenta para entender la expresión «propios programas» es el de la responsabilidad editorial de los programas en cuestión, y no el de la pertenencia de los dos organismos de radiodifusión al mismo grupo.
El fiscal general cuestionó el testimonio del testigo que acusó al hombre que ya había sido detenido, el cual siempre alegó su inocencia. En una de las audiencias, el testigo confesó haber recibido instrucciones erróneas del agente de policía encargado de la investigación antes de identificar a los sospechosos del crimen.
El único caso en que el Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de ese derecho es aquel en que el trabajador se haya abstenido deliberadamente de disfrutar de sus días de vacaciones, pese a que el empleador le haya animado a hacerlo informándole del riesgo de perderlos al término de un período de referencia o de prórroga autorizado.
En el año 2006, el requerido fue condenado por participar en diversas operaciones de internación de cocaína en la península. Asimismo, las autoridades italianas requirieron al sujeto por incumplir con sus obligaciones familiares, pero esta última petición fue rechazada al no existir un delito equivalente en la legislación nacional.
El juez no puede denegar la ejecución de una ODE únicamente porque la persona buscada sea una madre con hijos de corta edad a su cargo. En efecto, habida cuenta del principio de confianza mutua entre los Estados miembros, se presume que las condiciones de reclusión de una madre con hijos de corta edad en el Estado miembro emisor de la ODE están adaptadas a esa situación.
Las diferencias de opinión entre los Estados miembros en lo concerniente a la interpretación de los requisitos de la protección internacional no demuestran la existencia de deficiencias sistemáticas. Cada Estado miembro debe considerar, salvo en casos excepcionales, que los demás Estados miembros respetan el Derecho de la Unión y, muy especialmente, los derechos fundamentales reconocidos.
También proscribe el uso de términos tales como hamburguesa, chuleta o filete para productos vegetales que imiten productos de origen animal, con el objetivo de evitar confusiones entre los consumidores.
No puede realizar actividades normales de tratamiento, ni tener una calidad de vida cotidiana conforme al artículo 27 de la Constitución. Además, por su condición de muy obeso, y a pesar de contar con una silla de ruedas para desplazarse, no puede acceder a los servicios debido a las barreras arquitectónicas existentes.
La menor padece una rara enfermedad mitocondrial que los especialistas calificaron de incurable, por lo que han recomendado poner fin a su existencia para no prolongar su sufrimiento. El gobierno italiano le otorgó la ciudadanía a la menor y ofreció sufragar los costos de su tratamiento en un hospital pediátrico de Roma (Italia), lo cual fue rechazado por los tribunales británicos.
