Los tribunales nacionales no ordenaron la restitución del niño automática o mecánicamente, sino que tuvieron debidamente en cuenta las reclamaciones del demandante en procedimientos justos y no contradictorios, adoptando decisiones razonadas que buscaban servir al interés superior del niño. Por lo tanto, no hubo violación del artículo 8 del Convenio.
El juzgado Europeo de Derechos Humanos, la Asociación Mundial de Profesionales Para la Salud Transgénero y la ONU, dijeron que el requisito era discriminatorio e infringía los derechos humanos.
El fallo apelado consideró que la doble nacionalidad implicaría la existencia de un posible conflicto entre los derechos y obligaciones de los Estados y los derechos y obligaciones entre estos y los individuos. Debido a las amplias consecuencias en áreas como la tributaria y la protección consular, concluyó que tal sistema podría impedir las relaciones funcionales entre naciones e individuos.
El Código Civil y la Ley de Registro de Familia de Japón estipulan que el matrimonio solo puede tener lugar entre personas del sexo opuesto. El artículo 24 de la Constitución prevé el matrimonio heterosexual mediante frases como «consentimiento de ambos sexos» y «marido y mujer».
