Fue juzgado por el Consejo de Guerra por el delito de Auxilio a la Rebelión, por lo que fue condenado a veinte años de reclusión menor, tal y como resulta de la sentencia acompañada. En dicha resolución se justifica la condena por motivos ideológicos, y ello a pesar de que su hijo relató que su padre no tenía ideología, conteniendo el relato de hechos probados la afirmación de que “prestó servicios en distintos frentes”.
La Sexta Sala del tribunal de alzada modificó la sentencia de base, dictada por el ministro Mario Carroza, respecto a la participación que les cupo en los hechos, a los condenados Pedro Octavio Espinoza Bravo y Juan Viterbo Chiminellli Fullerton, quienes deberán cumplir 10 años y un día de presidio como coautores de los delitos.
El Tribunal de alzada ordenó la libertad de los procesados, quienes permanecen en sus respectivos domicilios bajo la custodia de efectivos de Carabineros, previo pago de fianza de $500.000.
Jueces de fondo estimaron que los hechos probados en instancia administrativa configuran la relación de causalidad exigida por las leyes de la seguridad social española.
Los militares obligaron a las víctimas a subir al camión castrense, ordenándoles a viva voz tenderse boca abajo, cargando con los pies los cuerpos de los jóvenes, a quienes trasladaron hasta un predio forestal, donde les ordenaron descender del camión y lanzarse al suelo. Posición en la cual los rociaron con un líquido, presumiblemente un acelerante, señalando uno de los soldados: “hay que quemarlos”.
