Se cumplen 35 años del precedente en el que la Corte Suprema de Justicia confirmó que Alfredo Portillo debía realizar el servicio militar obligatorio, pero bajo el respeto de sus creencias religiosas y, por lo tanto, sin usar armas de fuego.
Objeción de conciencia
Ministerio de Salud Pública de Ecuador expide reglamento para aplicar la eutanasia en el país.
Turquía debe indemnizar a objetor de conciencia que fue sancionado por negarse a realizar el servicio militar, resuelve el TEDH.
Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia: solicitantes deberán expresar su consentimiento inequívoco, libre e informado.
Sin unanimidad se aprobaron últimas normas pendientes.
Entre las materias zanjadas por la Comisión Mixta, se acogió la exención del pago de contribuciones para “el inmueble destinado a la vivienda principal del propietario, sea que la habite solo o con su familia» (por 7 votos a favor y 5 en contra), enmienda propuesta por los representantes del Partido Republicano y Chile Vamos.
Suprimen exención de contribuciones y se mantiene protección de la vida de quien está por nacer.
En cuanto al derecho a la vida, ninguna de las observaciones realizadas al artículo 16 inciso 1 lograron el quorum necesario para su aprobación. De esta manera, permanecerá la redacción del Consejo Constitucional que señala que “la ley protege la vida de quien está por nacer”. Este tema ha sido de amplio de debate en todo el Proceso Constitucional.
No obra en poder de la Subsecretaría de Redes Asistenciales listado de ginecólogos objetores de conciencia por causales de aborto. Información debe solicitarse a los distintos Servicios de Salud Pública del país, decide el CPLT.
Del artículo 119 ter del Código Sanitario se desprende que la información relativa a los médicos objetores de conciencia no se encuentra centralizada, por cuanto, dicha objeción debe ser firmada por el objetor y por el director del establecimiento.
Tribunal de Argentina ordena en un caso concreto cambiar la palabra “jurar” por “prometer”. En el acto para acceder a la ciudadanía argentina.
El derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común.