Cuando se alude a la «igualdad de género» o a la «perspectiva de género» se está aludiendo a la igualdad, que no olvidemos es un derecho fundamental. El texto cuya nulidad se postula es la reproducción de una norma con rango de Ley, que precisaría el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, para declarar su nulidad, que la recurrente no solicita.

No es óbice para lo que se viene indicando el hecho que la amparada, haya sido detenida en flagrancia por causa diversa, y/o que tenga causas pendientes en su contra, pues por el solo ministerio de la ley resulta posible tal revocación sólo frente al hecho que hubiere sido condenada por sentencia firme, cuyo no es el caso.

El fallo en alzada arriba a una conclusión no razonada del derecho aplicable en consonancia con las constancias de la causa, omitiendo dar un adecuado tratamiento al tema planteado. Incurre en meras apreciaciones subjetivas.

Resulta inaceptable que la sentencia de primera instancia niegue la compensación económica a una madre cuidadora que no ha podido desarrollarse en el ámbito laboral porque no tuvo la ayuda de quien estaba llamado a sostenerla y acompañarla en la crianza.

La normativa contiene lineamientos específicos para el reconocimiento de las uniones de hecho, a saber; debe tratarse de una relación “pública, notoria, única y estable, por más de tres años, entre un hombre y una mujer que posean aptitud legal para contraer matrimonio. El marco normativo que regula y pretende proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar resulta más amplio.

La resolución de conflictos de esta naturaleza, debe darse alejada de discriminaciones y estereotipos impuestos de manera cultural tal como el exigir un mayor material probatorio con la finalidad de demostrar los hechos denunciados.

Se debe analizar con especial cuidado las situaciones en que, bajo una aparente normatividad neutral, se esconden estereotipos de género que perjudican el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres.

Se impone la necesidad de ponderar de oficio el tratamiento de la cuestión traída a juzgamiento desde la perspectiva de género. En efecto, el juez no cuenta sólo con la facultad de velar por los derechos de las mujeres de modo discrecional o a pedido de parte, sino que se trata de una obligación legal y de un deber ontológico inexcusable.

Prohíbe prácticas consideradas discriminatorias, como la realización de exámenes sin el consentimiento del paciente, y permite a los afectados jubilarse anticipadamente. Además, la ley aborda estas enfermedades como un asunto de interés público, lo que permitirá destinar mayores recursos para su investigación y tratamiento.

El conflicto a resolver debe ser analizado con perspectiva de género y los agravios deben tener favorable acogida, pues se verifican los presupuestos exigidos por la ley aplicable, en tanto la reclamante, durante la vida conyugal, se dedicó a atender el hogar y cuidar de sus hijos, y no pudo desarrollar una actividad laboral que le generara una renta suficiente como para auto sustentarse después de roto el vínculo matrimonial.