La acusada intentó revertir el fallo indicando que los agentes de aduanas no poseen la facultad para registrar sus vestimentas, y que no fue juzgada con perspectiva de género al estar embrazada. El máximo Tribunal expresó que los agentes fronterizos están autorizados por ley a practicar el registro a quienes ingresan al país, y que el estado de gravidez no es una condición eximente de responsabilidad penal.

La iniciativa nace no sólo para descongestionar la cárcel de Chillán, sino que además para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos para con las mujeres privadas de libertad. Segrega a imputadas y condenadas.

Al haberse verificado en autos la existencia de un modelo familiar “tradicional”, basado en una relación construida sobre una distribución de roles de género, en función de la cual la mujer relegó sus potencialidades laborales en aras de un proyecto de vida en común junto a su cónyuge.

El Estado garantiza a los adultos mayores la igualdad real de oportunidades, trato y pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, en los Tratados y en las leyes, y vela por su protección e integración socio económica y cultural, tendiente a cubrir sus necesidades específicas y a elevar su calidad de vida.

Si bien en la legislación nacional no hay precepto que autorice expresamente la sustitución, las razones que motivan la solicitud de la amparada deben atenderse por mandato de la Constitución, en cuanto es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, garantizados por la Constitución, “así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Al interpretar el Convenio de La Haya de 1980, la autoridad judicial desconoció el interés superior del niño y el enfoque de género. En concreto, no verificó la excepción de peligro grave o situación intolerable para el menor de edad a pesar de los indicios de violencia de género en contra de su progenitora.

Una comprensión e interpretación sistemática de la Constitución exige que la totalidad de los actores que conforman la vida en sociedad asuman el compromiso no solamente de evitar la comisión de actos que discriminen y violenten a la mujer, sino el de adelantar acciones que, en armonía con el cumplimiento de las obligaciones propias de un Estado social de derecho, generen un ambiente propicio para que la mujer encuentre la protección de sus derechos.

Del total de las personas imputadas por homicidios consumados, las mujeres no superan el 10% en los tres años analizados (la mayoría entre 18 y 29 años).

Cuando se alude a la «igualdad de género» o a la «perspectiva de género» se está aludiendo a la igualdad, que no olvidemos es un derecho fundamental. El texto cuya nulidad se postula es la reproducción de una norma con rango de Ley, que precisaría el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad, para declarar su nulidad, que la recurrente no solicita.

No es óbice para lo que se viene indicando el hecho que la amparada, haya sido detenida en flagrancia por causa diversa, y/o que tenga causas pendientes en su contra, pues por el solo ministerio de la ley resulta posible tal revocación sólo frente al hecho que hubiere sido condenada por sentencia firme, cuyo no es el caso.