El Presidente de la República o la autoridad facultada para ello de manera libre pueden designar y remover a ciertos funcionarios en la Administración, en orden a que, o bien son parte de un proyecto político, o son sensible a dicha área, quedando sometidos los criterios de la oportunidad y la conveniencia. La naturaleza de la función del actor lo somete a la decisión discrecional propiamente política de la autoridad encargada de su empleo público.