Recurso de protección rechazado por Corte de Santiago.
Cese de contrata de abogado de la Presidencia de la República es una facultad privativa de la autoridad por tratarse de un cargo de exclusiva confianza.
El Presidente de la República o la autoridad facultada para ello de manera libre pueden designar y remover a ciertos funcionarios en la Administración, en orden a que, o bien son parte de un proyecto político, o son sensible a dicha área, quedando sometidos los criterios de la oportunidad y la conveniencia. La naturaleza de la función del actor lo somete a la decisión discrecional propiamente política de la autoridad encargada de su empleo público.
La Corte de Santiago rechazó el recurso de protección interpuesto en contra de la Presidencia de la República que decidió no prorrogar la contrata de un abogado del Departamento Jurídico.
El actor expone que ingresó a prestar servicios a la Presidencia de la República en febrero de 2021, cuyas funciones se mantuvieron de manera normal. Sin embargo, dicha situación cambió como consecuencia de la nueva administración de Gobierno, puesto que a partir de marzo de 2022 comenzó a sentir tensión e incertidumbre, lo que derivó en una esofagitis y crisis de pánico, por cuanto, a pesar de sus esfuerzos no pudo acostumbrarse a la indiferencia de la nueva jefatura del Departamento, quien comenzó a disminuirle la carga laboral para posteriormente llamarle la atención de forma exagerada.
Agrega que en diciembre de 2022 por carta certificada se le notificó la no renovación de la contrata, cuya decisión fue ilegal y arbitraria, puesto que carece de motivación, en atención a que se funda en que no habría cumplido las exigencias propias del cargo, sin indicar cuáles serían aquéllas, todo lo cual vulnera el mandato dispuesto en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880.
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