El requirente alega que se le obliga a revelar información que no es pública conforme al texto constitucional, vulnerando sus garantías constitucionales.

La requirente alega qua la normativa impugnada contraviene los límites constitucionales a la publicidad, vulnerando su derecho a desarrollar cualquier actividad económica.

Tenor de los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285 hacen pública toda información que obre en poder de los órganos estatales, sea que esté o no relacionada con su actuar y funciones.