Los prestadores privados de salud sólo están obligados a brindar el servicio en caso de urgencias, por lo tanto, la Clínica puede negarse a atender a un cliente que mantiene deudas impagas por servicios prestados con anterioridad, razona la Corte Suprema. En voto disidente, el ministro Sergio Muñoz estimó que negar la atención médica en función de una deuda previa, es un acto de autotutela por parte del nosocomio.
La Sala del tribunal de alzada estableció un actuar ilegal y arbitrario de la casa de estudios al desconocer la calidad de alumno de los recurrentes e impedirles la continuidad de estudios.
En primer término, la Tercera Sala rechazó los recursos de protección que impugnaron el alza del plan base fijado para las Isapres por la Superintendencia de Salud. En segundo lugar, el tribunal acogió los recursos de protección que impugnaban el monto de la prima GES, estableciendo que la base del alza es de 7, 22567 unidades de fomento anual por beneficiario, promedio del Estudio de Verificación de Costos elaborado por la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el cual no puede afectar el valor ya establecido en el periodo 2019 – 2022 por cada Isapre.
La Superintendencia de Pensiones modificó la comisión que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones por el pago de cotizaciones adeudadas.
Los requirentes estiman que la aplicación de la norma objetada produce una discriminación arbitraria en su contra.
El Tribunal de alzada rechazó acciones cautelares presentada por el Partido Progresista y el Partido Igualdad que calcularon los fondos remanentes de la elección señalada y ordenaron devoluciones de dineros.
El Tribunal de alzada descartó actuación ilegal o arbitraria de las recurridas que amenacen alguna garantía constitucional.
El máximo Tribunal descartó que la toma de imágenes aéreas de la propiedad haya violado el derecho a la intimidad de los recurrentes y, además, consideró que el uso de herramientas tecnológicas es neutro, por lo que su legalidad o ilegalidad depende del objetivo o propósito que se persiga con su utilización.
El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las entidades públicas al decidir que no procede la consulta indígena por, en su opinión, no existir afectación a las comunidades que habitan y utilizan espacios ceremoniales y culturales en zonas que serán intervenidas.
