Requirente solicitaba documentación sobre la primera reunión entre el Presidente y el Ministro de Salud para discutir sobre el Covid-19.
Garantizando una atención de salud de calidad, oportuna y económicamente accesible.
Conforme son aquellos los que han trabajado sin descanso en esta época de pandemia.
A fin de crear una cultura de la donación de sangre.
El Tribunal estableció la responsabilidad contractual del centro demandado, ordenándole pagar a la paciente $1.878.549 por concepto de daño emergente, y la cantidad de $18.000.000 por concepto de indemnización por daño moral o extrapatrimonial.
El requirente solicitó los datos desagregados por nacionalidad y comuna.
El requirente solicitó información sobre trastornos psiquiátricos.
Las beneficiarias no estarían recibiendo el tratamiento médico prescrito correspondiente por parte del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) por periodos de tiempo prolongados, a pesar de haberlo recibido previamente.
El Tribunal de alzada estableció que el procedimiento administrativo que sancionó al recurrente careció de imparcialidad al no permitirle formular los descargos por el consumo detectado.
El Tribunal de alzada descartó las causales de nulidad presentadas por la demanda en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
