El Tribunal de alzada condenó a Orpis Bouchón a 5 años y un día de presidio por seis delitos de fraude al Fisco y a 600 días de presidio por dos delitos de cohecho; a Isasi Barbieri a la pena de 50 días de prisión por un delito de cohecho; a Lobos Torres a 541 días de presidio por un delito de fraude al Fisco y a la empresa Corpesca al pago de una mula de 10.000 UTM por los delitos de soborno y cohecho.

La información que se solicita dice relación con datos, antecedentes y documentos susceptibles de revelar datos patrimoniales de otros contribuyentes, por lo tanto, corresponde aplicar la causal de reserva tributaria.

Los actos y resoluciones de los órganos del Estado son públicos y su reserva se debe establecer a través de una ley de quorum calificado

El Tribunal de alzada rechazó el reclamo de ilegalidad deducido por el SII, tras descartar que la información solicitada tenga el carácter de reservada.

La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro Pica, quien estuvo por declarar inadmisible el requerimiento, ya que estimó que confluye la causal prevista en el artículo 84 N° 3 de la LOCTC.

La instancia busca fiscalizar la actuación de organismos públicos ante las denuncias públicas por triangulación de dineros entre AFP y administradoras de Fondos de Mercado y empresas relacionadas.

La requirente solicitó copia de diversos antecedentes al Servicio.

El máximo Tribunal descartó infracción en la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió la solicitud de la empresa Turbodal S.A. y ordenó la devolución de la suma de $27.565.536, correspondiente al impuesto de primera categoría correspondiente al año tributario 2013.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia impugnada dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

La Corte de Santiago indicó en su sentencia que, el acto impugnado no pudo ser tildado de ilegal.