En la especie, el recurrente acompañó una convención que debía ser conocida en un juicio declarativo, al no constar en ella obligaciones recíprocas entre el acreedor y el supuesto deudor.
Los sentenciadores al acoger la excepción de incompetencia aplicaron lo establecido en el contrato respecto a su ejecución, lo cual es ley para los contratantes y no puede ser desconocido a través de esta instancia.
La factura al emanar del acreedor, requiere que el deudor participe en el perfeccionamiento del título, a fin de evitar fraudes o falsificaciones, debiendo manifestar su voluntad mediante el acuse del recibo.
Solo los documentos protestados por no pago fundado en la falta de fondos, cuenta cerrada, u orden de no pago, permiten acudir a la gestión preparatoria de notificación judicial de los protestos.
El emisor de estos instrumentos fue condenado como autor de delito de uso malicioso de instrumento público falso, en razón de las facturas ideológicamente falsas que sirven de título a esta ejecución.
La requirente estima que la disposición cuestionada infringe la igualdad ante la ley y la garantía del debido proceso, en relación al derecho a la defensa.
