En fallo unánime.
Corte de San Miguel acoge protección contra Seremi de Bienes Nacionales.
El Tribunal de alzada acogió la acción judicial y dispuso que el recurrente podrá permanecer ocupando el inmueble, en tanto no se dicte sentencia favorable en pleito que deberá iniciar la Seremi para obtener la restitución.
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la secretaría regional ministerial de Bienes Nacionales que declaró ocupante ilegal a un arrendatario que contaba con contrato y ordenó su desalojo de inmueble fiscal.
La sentencia sostiene que verificada así la ocurrencia de una de las situaciones previstas en el artículo 20 de la Constitución Política, corresponde a esta Corte adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.
La resolución agrega que al disponerlo tendrá en cuenta que no se ha controvertido la propiedad fiscal del inmueble de calle Chiloé 5331, San Miguel, y que el título invocado por el recurrente para ocuparla es un contrato de arrendamiento suscrito con terceros, lo que constituye un tácito reconocimiento de no poseer ninguna de las calidades indicadas en el inciso segundo del artículo 19 del decreto ley 1939, de manera que, pese a no haber sido expresamente requerido, puede ahora calificársele de ocupante ilegal. Ello habilita a la recurrida para ejercer las aludidas acciones posesorias establecidas en el Código de Procedimiento Civil, en las condiciones establecidas en el inciso tercero de la norma citada.
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