Cinco partidos políticos solicitaron al Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que ordene al Presidente Bolsonaro a adquirir vacunas contra el Covid-19.
Los solicitantes expusieron que la adquisición debe ser sin las barreras políticas o ideológicas que rodean la vacuna desarrollada en alianza por el Instituto Butantan, del Estado de São Paulo, y el laboratorio chino Sinovac, en la fase final de pruebas clínicas.
En la Declaración de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 756, el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Socialista Brasileño (PSB) y la Ciudadanía solicitan una medida cautelar para que el presidente de la República, Jair Bolsonaro, esté obligado a adoptar todos los trámites administrativos necesarios para que el Estado Federal pueda, con la necesaria seguridad científica, técnica y administrativa, prever la adquisición de vacunas y medicamentos aprobados por la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), sin “valoraciones extrañas y contrarias a los parámetros y principios constitucionales”.
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En la acción, las partes denuncian el impasse que surgió tras las declaraciones de Bolsonaro, contrario a lo que el ministro de Salud, Eduardo Pazuello, había dicho a los gobernadores el 20/10, es decir, que el Ministerio adquiriría 46 millones de dosis de la vacuna (Coronavac) desarrollado en asociación por el Instituto Butantan con la compañía farmacéutica china Sinovac Life Science. Según los autores de la acción, la afirmación de Bolsonaro de que no comprará dosis de la “vacuna china”, al mismo tiempo que reservó un crédito de R $ 1,9 mil millones para la celebración de un contrato entre la Fundación Oswaldo Cruz y la farmacéutica AstraZeneca, con miras a adquirir la vacuna Oxford, revela una conducta incompatible con las altas responsabilidades del cargo y capaz de caracterizar un flagrante mal uso de la finalidad.
Finalmente, según los autores de la acción, la interrupción de la colaboración entre el gobierno federal y el Instituto Butantan, sin una justificación científica o técnica consistente, «es un acto inconstitucional que atenta contra la vida de las personas». Por tal motivo, solicitan al Ejecutivo Federal informar, en un plazo máximo de 30 días, los planes y programa del gobierno relacionados con la vacuna y medicamentos contra el Covid-19, incluyendo cronogramas, acciones de investigación o desarrollo, o en colaboración, protocolos de intenciones o entendimientos y la previsión de presupuesto y gastos. También piden que la actuación de Anvisa en el análisis de la vacuna esté libre de «amenazas y vergüenza por parte del titular de la Administración Pública del Sindicato».
Vea texto íntegro del comunicado.