Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 23 de la Ley N° 20.129, que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior.
El precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “La institución de educación superior afectada por las decisiones que la Comisión adopte en conformidad con lo establecido en los dos artículos precedentes, podrá apelar ante el Consejo Nacional de Educación, dentro del plazo de quince días hábiles, salvo que se trate de una institución que se encuentre en supervisión por el mismo. Lo anterior, no obstaría a la interposición del correspondiente reclamo ante la misma Comisión”.
La gestión pendiente incide en autos sobre apelación de protección, seguido ante la Corte Suprema, en los que se limitó el recurso de apelación a la Universidad Metropolitana (UMCE) requirente en contra de la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) que otorgó un número menor de años de acreditación.
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La Universidad requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, toda vez que la UMCE no está siendo tratada en términos igualitarios en comparación a las otras instituciones educacionales, ya que algunas no pueden recurrir contra las decisiones de la CNA y otras sí, y todo en el marco de un mismo proceso de acreditación institucional. Asimismo, el requerimiento aduce que se transgrede el debido proceso, puesto que la norma contenida en el inciso 1 del artículo 23 de la Ley N° 20.129, que prohíbe apelar contra las decisiones del CNA cuando se haya otorgado la acreditación, constituye una clara vulneración a la garantía de un procedimiento justo y racional, y deja a todo aquel que se encuentre en la posición de mi representada, en la más absoluta indefensión, como asimismo le priva de su derecho al recurso en los términos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, el establecimiento educacional considera conculcado su derecho de propiedad, ya que la decisión de acreditar a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación por 3 años, sin la posibilidad de impugnar esta decisión, constituye un gravoso factor que desincentiva la matrícula de estudiantes en la universidad, afectando directamente su financiamiento y por ende su sustentabilidad económica.
La sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y del expediente Rol N° 9941-20.