TC deberá pronunciarse sobre el fondo de inaplicabilidad deducida por la Universidad de O´Higgins respecto de normas que le impiden contratar con el Estado.

El Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 4°, inciso primero, de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; y 495, inciso final del Código del Trabajo.

El primer precepto impugnado establece, en lo que interesa al recurso, que “[quedarán] excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.”. Por su parte, el segundo artículo impugnado, expresa que copia de dicha sentencia deberá ser remitida a la Dirección del Trabajo y que dicho organismo, tendrá que llevar un registro de las sentencias condenatorias por prácticas antisindicales o desleales, debiendo publicar semestralmente la nómina de empresas y organizaciones sindicales infractoras.

La gestión pendiente incide en autos laborales seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Rancagua, en actual conocimiento de la Corte de Rancagua, por recurso de nulidad, en los que la Universidad de O´Higgins requirente fue denunciada por una ex trabajadora quien declaró que, con ocasión de su despido, se vulneró su garantía a la integridad psíquica establecida en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República.