CS rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que acogió demanda y declaró constituida la servidumbre minera de ocupación y tránsito en predio de Ovalle.

La Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que acogió demanda y declaró constituida la servidumbre minera de ocupación y tránsito en predio de Ovalle.

La sentencia indica que la judicatura de fondo concluyó que la actora tiene derecho a que se constituya en su favor las servidumbres mineras solicitadas, atendido a que se acreditó que cumplió con la normativa legal en virtud de la cual está autorizada para explotar y explorar la concesión minera ‘Escondido 1 al 4′, contando con todos los permisos necesarios y pertinentes para tal efecto, razón por la cual puede recabar la constitución de las servidumbres que sean indispensables para tal efecto. Para determinar el monto por el perjuicio que se causará al dueño del predio sirviente, atendido que las partes no están de acuerdo y la falta de prueba directa acerca del valor de tales perjuicios, la magistratura procedió a regular el monto a pagar en forma prudencial teniendo en consideración que se trata de un gravamen que no involucra la pérdida del dominio, el tiempo durante el cual se extenderán las servidumbres, la superficie que abarcarán, las características del terreno y del sistema de explotación que usará la actora.

La resolución agrega que, como se aprecia de los términos en que se construye el recurso de casación en el fondo, aparece estructurado al margen y, en cierta forma, en contra de los hechos establecidos en la causa, los que evidentemente se intentan alterar para los efectos de obtener una decisión diversa, esto es, no dar lugar a la demanda. En efecto, del tenor del arbitrio que en síntesis se ha reseñado en el motivo primero de esta resolución, se desprende que los errores de derecho denunciados se sustentan en que se habría acogido la demanda no obstante estar acreditado que la servidumbre solicitada se encuentra emplazada en una zona definida como comunidad agrícola de conformidad con lo dispuesto en el Decreto con Fuerza de Ley N°, de 1968, del Ministerio de Agricultura, que haría inviable las servidumbres pedidas, atendido que resulta incompatible con el uso del suelo, como también con el impacto ambiental que pueden generar el gravamen decretado.