Tribunal Constitucional de España avaló las comisiones creadas para reconocer y reparar a las víctimas de grupos de extrema derecha o de funcionarios públicos, siempre que estas no investiguen ni persigan hechos delictivos.

El Pleno del Tribunal Constitucional de España rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del Grupo Parlamentario Popular y de Vox, respectivamente, en contra de la Ley Foral 16/2019 de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

Los requirentes señalaron que la Ley Foral 16/2019, que derogó a Ley Foral 16/2015, adolece de los mismos vicios de constitucionalidad que su antecesora, la que fue declarada parcialmente inconstitucional y nula por la STC 85/2018. En concreto, la actora señala que el procedimiento de reconocimiento y reparación contemplado en el cuerpo normativo impugnado invade las competencias del Poder Judicial, toda vez que se atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Reparación la facultad de efectuar un juicio sobre la licitud o ilicitud de la conducta de los cuerpos y fuerza de seguridad. Por lo anterior, estima que se vulnera el principio de reserva jurisdiccional en cuanto el procedimiento referido posibilita la “investigación extrajudicial de hechos delictivos”. Finalmente, agrega que esta vulneración estaría íntimamente vinculada con la vulneración del derecho a un debido proceso, concretamente, a la garantía de un juez predeterminado, independiente e imparcial.

El fallo recordó, en primer lugar, que el Tribunal Constitucional se ha referido en diferentes ocasiones a la constitucionalidad de leyes autonómicas que reconocen la condición de victimas y buscan reparar los daños producidos por hechos violentos, estableciendo que existe un eventual problema de constitucionalidad cuando existe una infracción de la reserva jurisdiccional al Poder Judicial derivada del artículo 117 de la Constitución. Ello ocurre cuando se le encomienda a una comisión la investigación y fijación de hechos constitutivos de delito, al margen del Poder Judicial, y con la potestad para desconocer lo ya resuelto por la jurisdicción penal.