El caso se refiere a una normativa estatal que permitía a los representantes sindicales reunirse con los trabajadores agrícolas en sus lugares de trabajo durante un máximo de tres horas al día y hasta 120 días al año. En 1975, California promulgó la Ley de Relaciones Laborales Agrícolas (ALRA por sus siglas en inglés), la que, entre otras cosas, creó la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas. Poco después de la entrada en vigor de la ley y de la creación de la Junta, ésta promulgó un reglamento que permitía a los organizadores sindicales acceder a los lugares de trabajo de propiedad del empleador bajo determinadas circunstancias.
El conflicto surgió cuando afiliados a un sindicato de trabajadores de un vivero ingresaron a este para protestar, sin proporcionar una notificación previa de la intención de acceder a este. La empresa presentó una demanda contra el sindicato, alegando la existencia una violación de la Quinta Enmienda. El sindicato, por su parte, presentó una demanda reconvencional, alegando la existencia de una práctica laboral antisindical.
La Corte Suprema examinó la siguiente cuestión jurídica ¿Constituye la normativa de California que concede a las organizaciones sindicales un «derecho de acceso» a la propiedad de un empresario agrícola para solicitar apoyo para la sindicalización una apropiación física per se en virtud de la Quinta Enmienda?
El fallo deja establecido que «el reglamento de acceso concede a las organizaciones sindicales el derecho a invadir la propiedad de los agricultores”, y al respecto señala que la cláusula de expropiación de la Quinta Enmienda de la Constitución prohíbe al gobierno la apropiación de una propiedad privada para su uso público sin una justa compensación.
En decisión de mayoría, resuelve en consecuencia, que la normativa de California concede a las organizaciones sindicales un “derecho de acceso” a la propiedad de un empresario, lo que, considera, es una expropiación física que interfiere con el derecho de los propietarios de excluir a terceros de sus tierras. Así, concluye, que conceder el acceso a los organizadores sindicales de terceros, aunque sea por un tiempo limitado, importa reconocer un derecho a invadir físicamente la propiedad de los cultivadores y, en consecuencia, constituye una expropiación que interfiere con el derecho de propiedad de los dueños de la tierra agrícola.
Vea texto de la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos
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